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Las cárceles privadas en EEUU: un negocio millonario


carcelesprivadaseeuuDécadas de políticas xenófobas y de mano dura, y un sistema penal anclado en el encierro, crearon en Estados Unidos la mayor población carcelaria del mundo y una industria multimillonaria de prisiones privadas.

Hace poco más de 15 años, la investigadora estadounidense y activista de los años 60, Angela Davis, acuñó el término de “complejo industrial carcelario” y lo comparó al poderoso y tan temido complejo industrial militar estadounidense.

“Las cárceles no hacen desaparecer los problemas, hacen desaparecer a los seres humanos. Y la práctica de hacer desaparecer a grandes números de personas de las comunidades pobres, inmigrantes y racialmente marginadas se ha vuelto literalmente un gran negocio”, escribió la dirigente comunista.

La mayor empresa de cárceles en Estados Unidos, Corrections Corporation of America (CCA), fue también la primera de esta innovadora industria.

Creada en 1983, fue ideada por Jack Massey, el mismo hombre que a fines de los años 60 fundó Hospital Corporation of America, hoy la mayor empresa de hospitales y centros de cirugía privados de Estados Unidos.

Al año siguiente, Wackenhut Corrections Corporation apareció en el mercado, una empresa que más tarde sería comprada por el Grupo Geo, la segunda compañía más grande del complejo industrial.

“La industria surgió en un contexto dominado por la mentalidad conservadora de la época de Ronald Reagan y por políticas de mano dura, que crearon la suficiente demanda para convencer a un grupo de inversionistas de que existía una oportunidad empresarial”, explicó a Télam Donald Cohen, director ejecutivo de la organización In the Public Interest.

Según relató por teléfono desde su oficina en Washington, las empresas comenzaron construyendo “cárceles especulativas”, es decir que lo hacían pese a no tener contratos con los gobiernos locales o estaduales.

Las primeras cárceles fueron construidas en pueblos pequeños y pobres con la promesa de garantizar empleos, aumentar la recaudación y abaratar los costos que provocaba la creciente población carcelaria a los gobiernos.

Cumplían las mismas reglamentaciones que las prisiones públicas y una vez en funcionamiento estaban bajo el control de los mismos entes gubernamentales, pero, como toda empresa, su objetivo último era el lucro.

Según Cohen, desde el principio la expansión de esta industria se basó en el “cortejo a los funcionarios”.

Primero fueron los municipios, luego los gobiernos de los estados, principalmente en el sur del país, cerca de la frontera con México, y finalmente, con la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca, el Estado nacional.

Clinton endureció aún más la política criminal del país, pero fue su compromiso con el fin de “la era del gran Estado” la que redujo dramáticamente la burocracia pública y abrió la puerta a que el Departamento de Justicia comenzara a contratar cárceles privadas para decenas de miles de inmigrantes indocumentados y criminales.

“Para mediados de los 90, CCA era una de las empresas que mejor cotizaba en Wall Street”, destacó Judy Green, directora de la organización Justice Strategies, una organización especializada en política criminal con base en Brooklyn, Nueva York.

Pero el mayor boom para el incipiente complejo industrial carcelario llegó después de la declaración de la “guerra contra el terrorismo” en 2001 y, especialmente, con la política para frenar la inmigración del segundo mandato del republicano George W. Bush.

Para fines de 2010 el complejo industrial carcelario concentraba el 8% de los presos en los sistemas federal y estadual, y se había instalado con distinta fuerza en 30 de los 50 estados del país, según la Oficina de Estadísticas de Justicia estadounidense.

El porcentaje parece pequeño, pero lo que llama la atención es el ritmo al que creció la industria en relación al aumento de personas detenidas en el país.

Entre 1999 y 2010, la población carcelaria en Estados Unidos creció un 18%, pero el número de presos en cárceles federales y estaduales privadas aumentó alrededor de un 80%.

CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91.000 presos, mientras que el Grupo Geo tiene 65 prisiones y puede albergar más de 65.700 detenidos. Sus ganancias anuales en 2011 fueron de 1.700 millones y 1.600 millones de dólares, respectivamente.

A nivel federal este crecimiento se basó en la privatización de gran parte del sistema de detención de inmigrantes indocumentados, mientras que a nivel de los estados se consiguió gracias al “cortejo” de las autoridades locales, que permitió la firma de contratos poco convencionales.

Un informe de 2012 de In the Public Interest analizó 62 contratos de empresas de cárceles con gobiernos estaduales y reveló que más del 65% contiene cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80 hasta el 100% de “las camas”, incluso si la tasa de criminalidad disminuye.

Por ejemplo, en Colorado, el número de crímenes se redujo en un tercio en la última década y eso permitió el cierre de cinco cárceles públicas desde 2009.

Originalmente, el gobierno de Colorado había defendido la firma de contratos con prisiones privadas argumentando que el sistema carcelario público estaba desbordado.

Sin embargo, en 2012 y tras el cierre de cinco prisiones, el gobierno local firmó un acuerdo con CCA para garantizar durante 2013 al menos 3.300 presos en las tres cárceles que la empresa tiene en ese estado, con un costo anual de 20.000 dólares por preso.

Como el complejo industrial militar, la industria carcelaria adquirió sus dones de negociación a fuerza de millones de dólares invertidos en lobby y consiguió parte de su influencia gracias al grupo ALEC (Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense).

ALEC no es un grupo de lobby formalmente.

Su slogan es “gobierno limitado, libertad de mercados, federalismo”, su función es redactar y promocionar proyectos de ley y sus miembros incluyen más de 2.000 legisladores estaduales y directores ejecutivos de grandes corporaciones (hasta hace unos años, CCA y el Grupo Geo).

La agrupación está organizada por comisiones, como los del Poder Legislativo, y cada una está liderada por un legislador en funciones y un empresario vinculado con esa área.

Medios estadounidenses, entre ellos el diario The New York Times y la revista The Nation, vincularon a ALEC con leyes de mano dura, como la que permite a los ciudadanos disparar cuando sienten que su vida está en peligro, y las principales normas que permitieron la privatización del sistema penitenciario.

“Las empresas de cárceles no crearon las leyes, pero ayudaron a que sean aprobadas… y tiene sentido. Si cotizás en Wall Street, tenés que crecer. Y para que tus acciones suban, tu mercado tiene que agrandarse”, sintetizó Judy Green.

Los últimos 30 años demostraron que la única forma que tiene el complejo industrial carcelario de aumentar su mercado es con políticas criminales más duras.

Telam

Fuente: http://www.librered.net/?p=32367

“De la burbuja inmobiliaria, hemos pasado a la burbuja alimentaria”


Impacto Económico | TeleSur

Esther Vivas, investigadora en políticas agrícolas y alimentarias, nos da su lectura sobre el tema del día de hoy en Informe Económico: la especulación y el alza del precio de los alimentos.

Fuente: http://esthervivas.com/2013/10/21/de-la-burbuja-inmobiliaria-hemos-pasado-a-la-burbuja-alimentaria/

Un continente con las manos sucias de Chevrón


La mano empapada de brea del presidente de Ecuador Rafael Correa, es una síntesis del desastre ambiental llevado adelante en la Amazonía por la multinacional Texaco-Chevrón, que venía siendo denunciado desde hace mas de 20 años por los movimientos populares de ese país.

Desde la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA nos sumamos a la campaña #LaManoSuciaDeChevron contra la petrolera estadounidense que fue sentenciada en 2012 por la Justicia ecuatoriana a pagar una indemnización de 19 mil millones de dólares por haber afectado la flora, fauna, aire, agua y la salud de 30 mil miembros de cinco nacionalidades indígenas y de campesinos de las provincias de Sucumbíos y Orellana. A pesar de haber sido encontrada culpable por la Justicia ecuatoriana la empresa estadounidense se niega a pagar.

Los movimientos populares del continente llamamos a boicotear los productos de Chevron, en rechazo a los intentos de la empresa petrolera de evadir su responsabilidad por la contaminación petrolera en la cuenca amazónica.

Desde 1993, que el pueblo ecuatoriano viene denunciando el desastre ambiental que generaba la petrolera en su territorio. Ese año en nombre de unos 30.000 habitantes de la zona, en su mayoría indígenas, un grupo de ciudadanos presentó una demanda privada en Nueva York por la contaminación y afectación a la salud. Durante la década del 90, Chevron buscó bloquear el juicio, argumentando que éste debía presentarse en Ecuador ya que consideraba que la corte ecuatoriana sería más fácil de manipular. Finalmente logró su propósito y el juez de Nueva York desistió de conocer el caso pero dijo que Chevrón debía aceptar el veredicto de la corte ecuatoriana, y un nuevo juicio fue planteado en Lago Agrio.

En 2011 y 2012, luego de casi dos décadas de litigios, el veredicto de Lago Agrio  fue que la empresa debe pagar cerca de 19 mil millones de dólares para limpiar la zona afectada y prestar servicios de salud y agua potable a sus habitantes. Pero la multinacional se niega a acatarlo y ha emprendido nuevas acciones legales para tratar de bloquear la aplicación del fallo, junto con la campaña de desprestigio al gobierno, a la corte, y a los demandantes y sus abogados.

En Ecuador hay unas mil piscinas que Texaco, empresa que en 2001 se fusionó con Chevrón, dejó abiertas, o mal tapadas y sin sellar. Durante los 26 años que duró su explotación petrolera en la selva amazónica, se estima que vertió unos 18 mil millones de galones de agua contaminada con petróleo, que sigue filtrándose en la tierra o se derrama durante los aguaceros, además de otros 17 millones de galones de petróleo derramados en accidentes.

Nuestra tierra, los ríos y arroyos fueron filtrados con elementos tóxicos, contaminando el agua que usábamos para nuestra vida diaria, devastando la vida silvestre y afectando nuestra producción agropecuaria.

¡Boicot a Chevrón! ¡Basta de saqueo!
¡Por soberanía sobre nuestros territorios!
¡Por la autodeterminación de los pueblos!
¡Fuera las trasnacionales de nuestro continente!

Articulación continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA

Republicado de: http://www.albamovimientos.org/2013/10/un-continente-con-las-manos-sucias-de-chevron/

Scientia: La prueba final: mi vídeo casero que demuestra los engaños de la industria alimentaria


La prueba final: mi vídeo casero que demuestra los engaños de la industria alimentaria

Posted on 27 julio, 2012

Dicen que una imagen vale mil palabras. Pues bien, tras mucho tiempo denunciando en el blog los abusos sobre el consumidor que la industria alimentaria realiza anunciando falsas propiedades de sus productos sin fundamento científico, hoy Scientia se pasa al lado oscuro… y se lo voy a demostrar con un vídeo casero realizado en mi laboratorio que no tiene desperdicio.

Como bien apunto en el post que hoy publico en Amazings.es, una peligrosa moda se ha apropiado de los alimentos funcionales que debe ser denunciada. Durante muchos años la ausencia de una legislación que regulara este tipo de productos provocó que se pudiera utilizar todo tipo de eslóganes para publicitar propiedades saludables que no habían podido ser demostradas científicamente. Tras la publicación del Reglamento 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, menos de 400 solicitudes de las casi 50.000 presentadas por la industria alimentaria fueron aprobadas, por lo que el rigor científico pareció ganarle la partida a la trampa y al engaño.

 

El artículo completo y el video está en la publicación original:

http://scientia1.wordpress.com/2012/07/27/la-prueba-final-mi-video-casero-que-demuestra-los-enganos-de-la-industria-alimentaria/