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Llueven tóxicos: Glifosato y atrazina en aguas de lluvia de la región pampeana


Articulo publicado por la Agencia Argenpress 9/12/2014

El modelo industrial agrícola, en contrario al modelo agroecológico, requiere de un paquete de biocidas y fertilizantes para poder producir. La inocuidad de ese paquete tecnológico asociado ha sido pregonada hasta el cansancio por sus defensores. Año a año, esta última década ha visto desmoronarse esos argumentos debido a la emergencia de la evidencia aplastante de las externalidades sanitarias asociadas a este modo de producir en el campo.

Millones de litros de herbicidas (en particular Glifosato -GLY- y Atrazina -ATZ-) son rociados sistemáticamente sobre tierras, aguas, y hasta poblaciones. Legislaciones restrictivas han empezado a alejar las aspersiones de los centros urbanos y de las escuelas, no siempre con éxito y no siempre a conciencia de que las derivas de esas sustancias son impredecibles. El discurso de las “buenas prácticas agrícolas” no sólo omite estas cosas, sino que de suyo, dejan bien en claro que durante más de 50 años los promotores de este modelo, hacían “malas prácticas agrícolas” sin siquiera pedir disculpas por ello.Podemos lograr que se alejen las aplicaciones de las personas… pero, ¿podemos impedir la lluvia?
Leer texto completo en: http://www.exactas.unlp.edu.ar/articulo/2015/2/9/lluvia_glifozato

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Tinelli no es personalidad de la Cultura


Republicado de La Alameda – Asamblea Popular y cooperativa de trabajo “20 de diciembre”.

La declaración a favor de Marcelo Tinelli como personalidad destacada de la Cultura recibió 29 votos positivos, 4 negativos de los diputados Gustavo Vera del partido Bien Común quien argumentó que Tinelli es objeto de denuncias dentro del país y del exterior entre otros motivos por cosificar a la mujer; el aliado K Pablo Ferreyra, Paula Oliveto de la Coalición Cívica en UNEN y María Rachid del FpV.

En tanto que el proyecto tuvo las abstenciones de los legisladores Jorge Aragón, Gabriel Fuks, Lorena Pokoik, Gabriela Alegre (FpV) y José Campagnoli (Nuevo Encuentro) aliado a los K.

Los argumentos de Gustavo Vera por la negativa

En el año 2008 el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión realizó un seguimiento del programa ¨Showmatch¨ en sus ediciones de ¨Bailando por un sueño¨ y ¨Patinando por un sueño¨ desde el año 2007 hasta diciembre del 2008. A partir de esto, elaboró un informe que sentencia: ¨se naturaliza una imagen subordinada que reduce a la persona el estatus de objeto sexual y se realzan patrones de cosificación de la mujer. Se fortalecen estereotipos de género basados en jerarquías y trato desigual, y que naturalizan ciertas creencias discriminatorias instaladas en la sociedad acerca de la diversidad sexual, de la obesidad y de las distintas capacidades¨.

Vale aclarar que este Observatorio fue creado a partir de la ¨Conferencia Internacional contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia¨, realizado en el año 2001 en Durban, Sudáfrica. Argentina adhirió a las conclusiones de la Conferencia comprometiéndose a generar políticas públicas frente a la discriminación, específicamente, en los medios masivos de comunicación. El Observatorio funciona como un espacio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), con la asistencia técnica del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de la Mujer (CNM).

Durante el año 2009, Tinelli intentó impulsar un nuevo segmento en su programa llamado ¨Bailando Kids¨. Parejas de niños y niñas de entre 7 a 11 años participaban del concurso bailando ritmos como reggaeton o cumbia y después eran evaluados por un jurado que decidía si continuaban o no en el certamen. El Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño realizó una presentación al por entonces COMFER (ahora AFSCA). El argumento más fuerte consiste en que la exposición de los niños representa una violación a las convenciones internacionales y leyes nacionales vigentes. Entre las que figuran: la actual Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley 26.390 que establece los 15 años como edad mínima de admisión al empleo.

En Julio de 2010, el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, conformado por el AFSCA, INADI y el Consejo Nacional de las Mujeres, difundió un comunicado donde repudiaba enérgicamente el segmente ¨Quiero ser la novia de Fort¨ del programa ¨Showmatch¨ por considerarlo discriminatorio en las cuestiones de género y violento mediáticamente, tal como lo establece la ley nacional de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales (Ley 26.485).

En marzo de 2011 la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red – por una comunicación no sexista-) realizó una denuncia contra el programa ¨Showmatch¨ por considerarlo una vulneración a los derechos humanos de las mujeres, protegidos por la Ley de Medios.

La Red está conformada por más de 150 periodistas mujeres y varones de distintos lugares del país que trabajan por la erradicación de cualquier tipo de violencia de género, por la visibilización de la condición social de las mujeres y por la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. La denuncia se presentó en el AFSCA.

En la denuncia, la Red se ampara en la ley nacional 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales) para solicitar la intervención del AFSCA ante el programa de Tinelli.

En noviembre de 2011, desde el Colectivo Feminista ¨Las Juanas¨, lanzaron una dura campaña contra Tinelli y su programa de televisión ¨Showmatch¨. El 25 de noviembre, en el ¨Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” se publicó un comunicado titulado ¨Tinelli nos maltrata. El show(match) así no debe continuar¨, se realizó una movilización al AFSCA y se presentó una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Rosario.

En el comunicado se hace hincapié en la ley N° 26.485 (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en todos los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales) y el incumplimiento de la misma.

En junio de 2014 en el marco del mundial de fútbol, tras la derrota de Brasil 7 a 1 frente a Alemania y previo a la final con Argentina, Tinelli realizó una analogía alusiva a la violencia de género totalmente reprochable y denigrante.

“(…)me encanta que los brasileños van a hinchar por Alemania el domingo -en referencia a la final con Argentina-, el equipo que les mandó 7 y ellos van a hinchar ahí. Iba a hacer una comparación de lo que significa más o menos, pero no voy a decir nada porque voy a hacer una cosa…. Es como la mujer golpeada que dice que igual es bueno mi marido, no es mal tipo”.

Esto generó el repudio de diversos sectores como, por ejemplo, el grupo feminista ¨Pan y Rosas¨ que elaboró un fuerte documento argumentando que los dichos del conductor naturalizan la violencia de género, siendo que en la Argentina una mujer es asesinada cada 35 horas -lo que la legislación internacional reconoce recientemente como “feminicidio”.

Siempre se colocó a Tinelli como ¨el¨ hombre de la televisión argentina. Se lo ha tildado de pícaro, vivo y demás adjetivos que hacen a una supuesta ¨argentinidad¨ propia de ¨nuestro folklore¨. También se ha justificado las acciones de Tinelli amparándose en el supuesto éxito de rating. Supuesto si tenemos en cuenta que su programa reproduce constantes  incumplimientos de leyes locales, leyes nacionales, tratados internacionales, tanto referido a las cuestiones de género (como puede ser la degradación de la mujer o, directamente, la violencia física hacia la mujer) como también la objetivación de niñas y niños.

Como hemos visto, las objeciones que le hicieron al programa son sistemáticas y provenientes tanto de agrupaciones feministas de izquierda, como grupos de periodistas, organismos estatales o comités nacionales. Esta heterogeneidad, aparentemente inconexa, encuentra un punto común en que la objetivación de la mujer, niña o niño o la cosificación de la mujer son valores negativos que van más allá de cualquier ideología política o pertenencia partidaria.

Fuente: http://laalameda.wordpress.com/2014/09/11/tinelli-no-es-personalidad-de-la-cultura/

Biometría en Argentina: la vigilancia masiva como política de estado


Este artículo fue publicado en Inglés por la Electronic Frontier Foundation.

Por Katitza Rodriguez. Electronic Frontier Foundation.
Campaña conjunta de Fundación Vía Libre con Electronic Frontier Foundation.

Hace dos años, el Reino Unido desmanteló su sistema nacional de identificación y destruyó su registro de identidad nacional, en respuesta a un gran reclamo público contra un programa invasivo de la intimidad de las personas. Argentina, donde la lucha contra los registros de identidad nacional se perdió hace muchos años, y cada individuo está obligado a tener un DNI debido a una ley promulgada durante una dictadura militar, entró en el proceso de enriquecer su Registro Nacional de las Personas (Renaper) con información biométrica tal como huellas digitales y rostros digitalizados. Ahora, el gobierno planea redimensionar esa base de datos para facilitar “acceso fácil” al integrar esos datos en un nuevo sistema integrado orientado a la seguridad. Esto aumenta el grado de vigilancia generalizada, ya que las agencias de seguridad de Argentina tendrán acceso a repositorios masivos de información de ciudadanos, y serán capaces de mejorar las capacidades de hacer reconocimiento facial y por huellas digitales con tecnologías que permitan identificar a cualquier ciudadano en cualquier lugar.

En los últimos días de 2011, la Presidente Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, emitió un Decreto del Poder Ejecutivo ordenando la creación del Sistema Federal de Identificación Biométrica (SIBIOS), un nuevo servicio de identificación biométrica centralizado, con cobertura nacional, que permitirá a las agencias de seguridad hacer “referencias cruzadas” de información con datos biométricos y otros datos inicialmente recogidos con el fin de mantener la operatoria del Registro Nacional de DNI. Históricamente, las bases de datos de huellas dactilares en poder de la policía estaban limitadas a aquellos sospechosos o convictos de ofensas criminales. Sin embargo, la Policía Federal Argentina (PFA) recibió el manejo de una enorme base de datos con huellas digitales recolecatadas a los ciudadanos argentinos en general durante el proceso de emisión de pasaportes y cédulas de identidad. Desde marzo de 2011, esa base de datos fue integrada al sistema de emisión de documentos del RENAPER. Hasta entonces, la Policía Federal había logrado armar una base de datos con alredecor de 8 millones de huellas digitales, aunque según parece, ese procedimiento fue considerado demasiado lento por el gobierno argentino. Siguiendo el nuevo decreto, la iniciativa SIBIOS le dará a la Policía Federal acceso a la base de datos del RENAPER (y viceversa), duplicando el alcance de la Policia Federal a aproximadamente 14 millones de registros de huellas digitales digitalizadas. Empezando con el primer bebé nacido en 2012, Argentina comenzó a registrar información biométrica de los recién nacidos con SIBIOS. Se proyecta que, a medida que venzan los viejos pasaportes y se renueven los DNI, (y que nuevos bebés nazcan), la base de datos de SIBIOS crecerá hasta lograr registro de más de 40 millones de argentinos en los próximos dos años.

Pero la iniciativa de SIBIOS hará mucho más que expandir el número de huellas dactilares digitalizadas a las que la policía federal tendrá acceso. De acuerdo al discurso de la Presidente Fernández de Kirchner, el SIBIOS estará completamente integrado con las bases de datos de identificación, que además de los identificadores biométricos, incluyen imagen digital, estado civil, grupo sanguíneo y otras informaciones básicas que se recolectan desde el nacimiento y a través de la vida de las personas. Además, no sólo la Policía Federal tendrá acceso a este sistema integrado. SIBIOS fue diseñado para el uso de otras fuerzas de seguridad y organismos, incluyendo la Dirección de Migraciones, la Policía Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional, incluso estará disponible a las fuerzas policiales y entidades provinciales, a través de un Acuerdo con el Estado Nacional. Sin embargo, no ha habido discusión pública sobre las condiciones bajo las cuales los oficiales públicos tendrán acceso a los datos. Los promotores de SIBIOS argumentan que el programa facilitará la aplicación de la ley y el acceso en tiempo real a los datos de los individuos, sin embargo las precauciones mínimas usadas para prevenir la vigilancia masiva por parte del estado siguen siendo una incógnita.

Tal vez la parte más preocupante de la iniciativa de SIBIOS son las tecnologías que se pretenden escalar para explotar estas bases de datos en la aplicación de la ley. La policía Federal, por ejemplo, será capaz de usar sus nuevos sistemas de reconocimiento facial para buscar en el inmenso repositorio de imágenes del RENAPER, para identificar personas en fotografías e incluso mediante cámaras de vigilancia. Las fuerzas de seguridad argentinas se están equipando con dispositivos móviles de lectura de huellas dactilares que les permitirán contrastar las huellas digitales de cualquier argentino contra la base de datos centralizada.

El peligro de una sociedad de vigilancia

Los sistemas nacionales de identificación y otros métodos similares de centralización de datos personales incrementan la capacidad del Estado en materia de vigilancia intrusiva. Junto con la recolección simultánea de identificadores biométricos, tales como rostros digitalizados, se crea una capa adicional de seguimiento que es aún más intrusiva y peligrosa. Como en el caso argentino, las tecnologías biométricas son esencialmente individualizantes y pueden interoperar fácilmente con tecnologías de bases de datos, permitiendo que violaciones extendidas de la privacidad sean sencillas y más dañinas.

Para nuestra alarma, la Presidente Fernández de Kirchner ha ido mucho más allá, al punto de abrazar el potencial de vincular el sistema de registro facial obtenido a través de las cámaras de vigilancia en la vía pública con las imágenes obtenidas a través de sistema SIBIOS. Gracias a que las tecnologías son cada vez más accesibles, las cámaras callejeras de videovigilancia están hoy en todas partes, por lo que esta funcionalidad es particularmente peligrosa, y tiene el potencial de llevar a un sistema de vigilancia política generalizada. (Esta visualización nos muestra por ejemplo, cómo es el sistema de más de mil cámaras instaladas sólo en la Capital Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Dada la prevalencia de cámaras en las calles y lo fácil que se ha tornado identificar un rostro anónimo entre miles, las personas que se preocupan por su privacidad y anonimato tendrán serias dificultades para preservar su identidad de las bases de datos biométricas en el futuro próximo. Hay un pronóstico de extremo riesgo en un mundo donde la foto de cualquier individuo, tomada por una cámara callejera o publicada en una red social, puede ser vinculada a su numero de ID nacional. Las tecnologías de entrecruzamiento de datos sólo van a mejorar en el futuro. (vean aqui y aquí para conocer más sobre sistemas de reconocimiento facial).

EFF viene advirtiendo desde hace tiempo que el seguimiento perfecto es dañino para una sociedad libre y democrática. Los ciudadanos tienen una expectativa razonable de mantener su privacidad y anonimato, en particular en relación a la construcción de perfiles. Una combinación de sistemas de ID biométricos manejados por el gobierno con sistemas generalizados de reconocimiento facial viola principios esenciales de las sociedades libres al facilitar la localización y el seguimiento de personas, centralizando peligrosamente estos datos, con los consiguientes riesgos de abuso por parte del estado.

Tal como dice Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, este tipo de vigilancia masiva puede tener serias consecuencias para aquellos que desean disentir políticamente:

“En nombre de la seguridad pública, Argentina ha impulsado políticas de vigilancia masiva incluyendo un monitoreo generalizado de los espacios públicos. La privacidad es particularmente esencial en un país que a lo largo de su historia ha tenido importantes movimientos sociales y políticos que han ganado las calles para hacer oir su voz. Es de enorme importancia que los activistas puedan permanecer anónimos en las manifestaciones públicas, en particular cuando están en desacuerdo con el gobierno. De esta manera, SIBIOS no sólo amenaza la privacidad de los ciudadanos y el derecho a la protección de sus datos personales, sino que también involucra una seria amenaza a los derechos civiles y políticos”.

En una entrevista a la prensa argentina, Mora Arqueta, Directora del RENAPER, explicó que el real propósito del sistema nacional de Identificación es “tener la mayor cantidad posible de información de las personas, y tomar al ciudadano como un individuo que interactúa con el Estado desde muchos lugares”. Sus comentarios admiten directamente la perversión del sistema que pasará del original, donde simplemente se asignaba un número de documento de identidad a un individuo a otro que viola de plano todos los principios establecidos en materia de minimización de la recolección de datos y pretende una recolección masiva e innecesaria de información personal. El problema de dejar que el gobierno retenga semejante cantidad de datos sensibles es que le otorga demasiado poder concentrado. Cabe preguntarse, por ejemplo, si quienes sancionaron el decreto se detuvieron a considerar qué hubiera ocurrido si la última dictadura militar argentina hubiera contado con una base de datos de estas características. El debate público en Argentina debe ser entonces sobre ese poder, y sobre los límites que se le deben fijar en esta materia. Para sostener una sociedad abierta y democrática es necesario mantener un nivel razonable de desconfianza en este tipo de política.

Los argumentos de Fernández de Kirchner de que SIBIOS ofrece “un salto cualitativo en la seguridad y en la lucha contra el crimen” son alarmantes y representan otra desviación más del propósito original con el cual fue creada la base de datos del RENAPER. Este argumento es engañoso, y falla en analizar seriamente los riesgos de SIBIOS y las limitaciones e impactos que tendrá en las libertades civiles y la protección de datos personales. Una y otra vez, hemos escuchado el dudoso argumento retórico de que la biometría es necesaria para luchar contra el crimen e incrementar la seguridad. De hecho, estas bases de datos biométricas masivas son un foco de atención de información sensible en riesgo de ser explotada también por criminales y estafadores de todo tipo.

Los derechos a la intimidad de las personas y la protección de datos están consagrados en los tratados internacionales y en la Constitución Argentina. Dada la enorme cantidad de preocupaciones que generan las bases de datos biométricas de este tipo y las posibilidades de filtraciones de seguridad en el futuro, es irracional recolectar información biométrica a nivel nacional en este formato. El gobierno argentino debe limitar la recolección, el procesamiento y la retención de datos al mínimo estrictamente necesario para cumplir objetivos específicos, y limitar las posibilidades de compartir información sensible. La EFF y la Fundación Vía Libre de Argentina seguiremos trabajando en forma conjunta contra este tipo de medidas intrusivas dispuestas por el Gobierno Nacional.

Fuente: http://www.vialibre.org.ar/2012/01/10/biometria-en-argentina-la-vigilancia-masiva-como-politica-de-estado/

Brasil, EU y Argentina concentran producción mundial de transgénicos


A tres décadas de que dio inicio el cultivo de transgénicos en el mundo, la producción se concentra en Estados Unidos, Brasil y Argentina. En este periodo, también se centralizó el control de las semillas en tan sólo tres empresas: Dupont, Syngenta y Monsanto, pero esta última es la que controla el mercado mundial de los granos.

Por Angélica Enciso L.

Así lo señala 30 años de plantas genéticamente modificadas. 20 años de cultivo comercial en Estados Unidos, una evaluación crítica, editada por la Fundación Henrich Böll, la cual explica que el avance de este cultivo en la Unión Europea ha sido limitado, mientras Estados Unidos ha tenido un alcance mayor impulsado por los intereses económicos de empresas como Monsanto.

Agrega que en ese país las plantas genéticamente modificadas representan 90 por ciento de los cultivos de algodón, soya y maíz. Esto ocurre aunque los precios de las semillas aumentan y las empresas envían detectives para investigar posibles violaciones a patentes. Las compañías patentaron las semillas transgénicas porque les introdujeron un gen de otra especie que serviría para reducir el uso de herbicidas.

El texto escrito por Christoph Then explica que las tecnologías agrícolas están llevando a los agricultores a una sistematización de la producción que forzará a la agricultura a una mayor industrialización y producirá incrementos masivos de los costos de semillas, sin que esto redunde en un incremento sustancial en rendimientos o ahorros significativos en la cantidad de aplicaciones requeridas.

La concentración del mercado de semillas pasó de 7 mil empresas a 10, no ocurre tal concentración en ningún otro rubro, ya que de esas compañías Monsanto tiene 80 por ciento del mercado, sólo Microsoft tiene algo similar, explicó Silvia Ribeiro en la presentación del documento en Casa Lamm el jueves pasado. Agregó que 85 por ciento del cultivo de organismos genéticamente modificados es resistente a herbicidas, químicos que estas mismas empresas producen.

Por su parte, Catherine Marielle, del Grupo de Estudios Ambientales (GEA), detalló que en México van 16 años de lucha en contra de la introducción de maíz transgénico, para lo cual diferentes organizaciones han recurrido en varias ocasiones a denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión de Cooperación Ambiental.

Fue hasta 2013, cuando un juez determinó suspender la autorización de permisos de cultivo de maíz transgénico. Sin embargo, esta resolución suma 70 impugnaciones de las productoras de transgénicos y del gobierno, el cual con recursos públicos litiga en favor de ellas.

Alejandro Calvillo, de El poder del Consumidor, refirió que no se destinan fondos públicos para conocer los efectos del consumo de transgénicos en la salud. Esto habla del poder de las empresas, señaló. Consideró que no se debería autorizar el consumo de ningún producto hasta que se demuestre que no causa daño, pero este principio precautorio se aplica a la inversa.”

El documento recomienda que la Unión Europea se desista del cultivo comercial de plantas herbicidas resistentes, establecer medidas preventivas para proteger a las semillas de la contaminación para asegurar la producción de granos no transgénicos, intensificar el monitoreo de los efectos a largo plazo sobre la salud y el medio ambiente, y avanzar en el etiquetado de productos derivados de animales alimentados con transgénicos.

Fuente: La Jornada

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Brasil_EU_y_Argentina_concentran_produccion_mundial_de_transgenicos

La tierra de los gurises envenenados


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Por Silvana Melo, Pelota de Trapo, julio de 2014

Cuando se murieron los perros y José había perdido la alegría de siempre, corrieron malos presagios en la chacrita humilde de los Rivero. A quince metros, llovía periódicamente una nube de fuertes olores sobre los tomatales. La deriva cubría la casa, la ropa tendida, el cuero de los animales, la piel y el cabello, la tierra que a José le gustaba llevarse a la boca mientras jugaba, libre, en un campo traicionero. Tenía cuatro años.

Se murió envenenado. Había fosforados en su cuerpo. Hace días, horas, la Justicia absolvió por “falta de méritos” al dueño del campo. Alguien asesinó a José Rivero pero nadie irá a la cárcel.

Bovril tiene 14.000 habitantes y está muy cerca de Paraná. Desde que cambió su perfil productivo, la gente comenzó a enfermarse distinto. La ampliación de la frontera agrícola, empujada violentamente por la soja y las alteraciones genéticas, disparó las muertes por cáncer en los últimos quince años. Atrás quedaron, muy lejos, los infartos y ACVs. En esos mismos quince años –entre 1995 y 2010- aumentaron exponencialmente las pérdidas espontáneas de embarazos y las malformaciones. Todas las barras de los gráficos tocan las nubes entre 2005 y 2009.

Bovril es la Capital Provincial del Gurí Entrerriano. En su territorio confluyen los gurises una vez por año y son celebrados. Después, se los fumiga en chacras y escuelas rurales.

“Bovril no tenía casos de hipertiroidismo, cánceres o pérdidas de embarazo hace más de una década. Algo similar pasó en el estudio que hicimos en Totoras (Santa Fe), otrora capital nacional de la leche, que hoy a su alrededor, ya no tiene tambos. Hizo el mismo cambio de perfil epidemiológico que la ciudad entrerriana”, dijo el Dr. Damián Verzeñassi, responsable académico de los campamentos sanitarios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.

La soja en proceso de transgénesis ocupa el 60% del área sembrada del país. Son 20 millones de los 35 millones de hectáreas cultivadas. Se desforesta una hectárea cada dos minutos para ampliar la frontera agrícola.

400 millones de litros de agrotóxicos se utilizan en cada campaña, alrededor de unos 15 millones de personas. Las malezas caen fulminadas. Y los pájaros y los peces. Muchas veces también la gente, como José Rivero y Nicolás Arévalo (cuatro años) en Lavalle, Corrientes; como los tres primitos Portillo en El Tala,

Entre Ríos; como Ezequiel, en el establecimiento Nuestra Huella, en Pilar. Todas yerbamalas que ensucian el negocio. Darío Gianfelici es médico en un pueblito de campaña en Entre Ríos. “A fines de los ´90 empecé a notar cambios en el perfil de las enfermedades de los pacientes. Y comencé a investigar para ver qué había cambiado”, relató a APe.

En 1996 irrumpió la soja transgénica en la Argentina. Felipe Solá firmó la autorización a través de un expediente administrativo de 136 folios. 108 son informes presentados por Monsanto en inglés (Safety, Copositional and Nutricional Aspects of Glyphosayte-tolerant Soybeans). El apremio fue tal que nadie los tradujo. Probablemente ni los leyó. En 81 días se ponía en marcha la carrera infernal de la transgénesis, la ampliación de la frontera agraria a costa de pequeños pueblos, de animales, de gentes y de bosques que acolchonan las tormentas y respiran para todos.

Leer texto completo de dos páginas en: http://millonescontramonsanto.org/la-tierra-de-los-gurises-envenenados/

Sobre la muerte de cinco niños en Argentina por el rotavirus


Por

Se han producido cinco muertes de niños en Buenos Aires, Argentina. Las autoridades sanitarias han confirmado que portaban el rotavirus. ¿Se aprovechará el desgraciado suceso para “vender” la vacuna del rotavirus que fue incorporada al calendario argentino hace un mes?

En efecto, la vacuna contra el rotavirus fue incorporada el pasado mes de junio al calendario de vacunaciones de Argentina junto a la de la varicela y la del meningococo.

vacuna rotarix rotavirus

Hay dos marcas de esta vacuna, Rotateq y Rotarix, fabricadas por los laboratorios Sanofi Pasteur Merck, Sharp and Dohme (MSD) y GlaxoSmithKline.

Hay que saber también que uno de los principales efectos secundarios de la vacuna es la diarrea (17,6% de los casos), algo como mínimo contradictorio: usar una vacuna para “prevenir” la diarrea y que el producto te produzca diarrea…

El rotavirus es la causa más común de gastroenteritis y diarreas en bebés y niños y suele superarse sin problemas (las complicaciones se dan en zonas empobrecidas donde una gastroenteritis puede ser la causa de una deshidratación en niños muy pequeños -esto no es “culpa” del virus sino de una mala alimentación e higiene y baja calidad de vida-).

Aunque “raro” otro daño que puede provocar esta vacuna es broncespasmo.

Como consta en la ficha técnica del producto y ya hemos publicado en este blog, más grave es la invaginación intestinal. La publicación científica profesional Pediatrics ofrece información sobre un esta reacción adversa de la controvertida vacuna contra el rotavirus. Este problema de salud también se llama intususcepción y es un cuadro digestivo agudo, que sucede más frecuentemente en la edad pediátrica, sobre todo en el primer año de vida.

Ocurre con muchas vacunas y está comprobado que la del rotavirus induce una respuesta inmune en el organismo humano pero

No se comprende completamente el mecanismo inmunológico por el cual RotaTeq protege frente a la gastroenteritis por rotavirus”.

Desconozco qué ha llevado al Gobierno de Argentina a incluir en su calendario de vacunaciones la vacuna del rotavirus. De hecho, esta vacuna NO se encuentra entre las recomendadas (que no obligatorias) del abultado calendario vacunal español.

Rotarix vacuna rotavirusUn trabajo publicado en British Medical Journal (BMJ) ha revisado información de ensayos clínicos de vacunas (papiloma, gripe, meningococo, neumococo, rotavirus) y concluye que los no patrocinados tienen una mayor probabilidad (4,42 veces) de publicar resultados negativos.

Hay que leerse bien la ficha técnica del producto y tener esto último en cuenta.

Y creo que no se puede cerrar este post sin contar que el año pasado las autoridades sanitarias de Portugal decretaron la suspensión provisional de las vacunas del rotavirus RotaTeq tras la muerte de un bebé de seis meses recién vacunado.

Fuente: http://www.migueljara.com/2014/07/04/sobre-la-muerte-de-cinco-ninos-en-argentina-por-el-rotavirus/

Fundación de Tompkins autorizó la caza de caballos salvajes en Yendegaia con la venia del estado


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05 julio 2014

En la Cordillera de Darwin, la Tierra del Fuego, se encuentra la Hacienda de Yendegaia, que consta de más de 38 mil hectáreas que pertenecían al conservacionista Douglas Tompkins, quien las donó al Gobierno de Piñera a cambio de un predio en el Parque Nacional D’Agostino.

Entre los papeles que licitaban la donación de tierras, en Julio de 2013, se encontraba un contrato entre la Fundación Yendegaia y el cazador Miguel Luis Serka Romero, que autorizaba a este último a cazar los caballos salvajes de la zona durante los próximos 4 años.

Dicho contrato de cacería fue parte integrante del documento de donación con el gobierno, es decir, el Estado de Chile tomó conocimiento de este grave hecho de exterminio que sería ejecutado en dicho predio.

Las razones argumentadas para su caza son su estado de abandono, el deterioro del ecosistema y la transmisión de enfermedades a otras especies de la zona.

Sin embargo, estas razones no pueden sostener de modo alguno las atrocidades que se están cometiendo con los animales, que están siendo cazados con redes de pesca, lo que ha dejado a muchos de ellos con heridas en las patas e incapacitados para correr, atacados por perros y disparados con ballestas.

José Alvarado Machuca, cuidador de los caballos de la zona hasta la entrada en vigor del contrato, asegura que los dardos disparados los traspasan de un costado a otro, causándoles la muerte. También señala que es espacio disponible es lo suficientemente grande como para que estos causen daño alguno al ecosistema y que sin duda “el hombre hace más daño que el caballo”.

Andrés Cox, criador de caballos asegura que la Hacienda Yendegaia “es la estancia más antigua y la última del mundo austral con pasturas para poder mantener a estos caballos de forma sustentable”. Sin embargo, “ni los dueños anteriores ni la fundación de Tompkins han invertido en hacer este manejo sustentable”.

Como aún no ha concluido el proceso de recepción de tierras, existe una confusión respecto de las responsabilidades en uno de los pocos lugares en el mundo donde habitan manadas de caballos salvajes hace más de 60 años.

Las autoridades implicadas en el caso dicen no tener conocimiento al respecto. Victor Osorio, ministro de Bienes Nacionales, dijo que no sabían nada del tema, y que este hecho ha provocado “la interrupción de los actos administrativos para consumar la firma de la donación hasta que no reciban una respuesta de la Fundación”.

La Fundación Yendegaia, por su parte, ha declinado toda respuesta sobre el tema asegurando que deber responder Conaf.

Por tanto, lo único que a ciencia cierta se sabe en estos momentos es que cientos de caballos salvajes están siendo cazados con prácticas salvajes, amparados por una institución supuestamente conservacionista.

Mientras la Fundación calla, la mujer de Tompkins, Kris, dio ayer una breve conferencia en la tienda Patagonia, en el barrio El Golf, para contar la labor conservacionista que están llevando a cabo en la Patagonia.

Pero aunque aunque se señale que no ha concluido el proceso de recepción de tierras y que existe una confusión respecto de las responsabilidades en uno de los pocos lugares en el mundo donde habitan manadas de caballos salvajes hace más de 60 años, aquí dejamos una publicación de marzo del 2014, donde la contraloría aprueba el proyecto, dando por hecho el proceso de recepción de las tierras.

Contraloría aprueba proyecto del Parque Nacional Yendegaia en Magallanes

El 7 de marzo del 2014 salía en los medios de prensa  que la Contraloría aprobó el proyecto impulsado por el presidente Sebastián Piñera y el empresario norteamericano Douglas Tompkins, quienes planean la creación de un parque de alrededor de 140 mil hectáreas, en tierras vírgenes de la región de Magallanes.

Según publicó El Mercurio, el órgano contralor tomó razón del decreto que permite la construcción del parque, Este parque se proyectó para que sea emplazado en la Isla Grande de Tierra del Fuego, al sur del río Azopardo y del lago Fagnano, entre el Parque Nacional Alberto de Agostini y la República Argentina.

el origen del proyecto

Esta idea nació cuando el presidente Sebastián Piñera se reunió con Douglas Tompkins el año 2011 en La Moneda, donde según el empresario, la idea de fondo era fomentar áreas verdes entre el sector público y privado.

El norteamericano donó 38 mil hectáreas que adquirió junto a otras tierras vírgenes en los años 90. Y ante las eventuales críticas hacia la participación del presidente en el equipo, Tompkins se apuró en aclarar que “la gente no se da cuenta, pero Sebastián Piñera es el mayor conservacionista chileno”.

El resto del parque corresponden a 111 mil hectáreas de terreno fiscal.

2012: La denuncia del francés por la caza de caballos

Desde su blog en el año 2012 un francés ya denunciaba la caza de caballos

Esto no es nuevo, la cacería de los caballos se viene haciendo desde hace años  ya el 2011  En un viaje por el sur de Tierra del Fuego,Nicolas Rouviere, un fotógrafo francés que vivía  en Puerto Varas. dice que se encontró con varios caballos salvajes en el parque privado Yendegaia, una ex-estancia de 95.000 hectáreas que la Fundación Yendegaia tiene como objetivo donar en algún momento a Chile para formar parte del Parque Nacional Agostini, el cual queda muy cerca.

En medio del impresionante paisaje natural, sin embargo, Rouviere también encontró la práctica que tiene esta fundación medioambiental para eliminar los caballos baguales y otras especies no autóctonas en la zona.

“Vi una tropa de estos bellos animales en los bosques del sur. Maravillosos, grandes, nobles… “, dice Rouviere. “Después, hablé con la persona a cargo de Yendegaia y me conto que parte de su trabajo era de limpiar el parque de los animales introducidos, como vacas, toros y caballos. ¿Qué hacen con ellos?! Los mandan a carnear! “, dijo  Rouviere.

El triste destino de estos nobles caballos ha llevado a Rouviere a soñar con el Proyecto Baguales, una iniciativa para salvar hasta a 15 de estos caballos. Su plan es ir a Yendegaia, conseguir los caballos y llevarlos por tierra a través de la Cordillera Darwin a la ciudad de Porvenir, despues a bordo de un camión con destino a Puerto Natales, donde podrán tomar un crucero Navimag a Puerto Montt. Una vez en Puerto Montt, los recibirá en camiones destinados al valle Cochamó, donde Rouviere dice “los baguales serán liberados para comenzar una nueva aventura.”

 

Fuentes:  http://www.elciudadano.cl/2014/07/04/108477/fundacion-yendegaia-firmo-contrato-que-licita-la-caza-de-caballos-salvajes-en-cordillera-darwin/

http://www.biobiochile.cl/2014/03/07/contraloria-aprueba-proyecto-del-parque-nacional-yendegaia-en-magallanes.shtml

http://www.patagonjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2386%3Aproyecto-baguales&catid=60%3Aeditor&Itemid=264&lang=es

Fuente: http://www.prensanimalista.cl/web/2014/07/05/fundacion-de-tompkins-autorizo-la-caza-de-caballos-salvajes-en-yendegaia-con-la-venia-del-estado/

“La deuda externa es una estafa descomunal, que este Gobierno oculta”


 

El investigador de la deuda externa denuncia el pago al Club de Paris y otros compromisos, no tienen respaldo técnico.

Por Ignacio Ostera en LPO

“La deuda externa es una Alejandro Olmos Gaona es historiador e investigador. Estudió en profundidad el endeudamiento de la Argentina desde 1976 en adelante y asegura que “la deuda externa de la democracia es la vieja deuda de la dictadura refinanciada”.

Su padre, Alejandro Olmos, fue querellante en 1982 contra el cerebro económico de los militares, José Alfredo Martínez de Hoz. En el año 2000 el juez Jorge Ballestero declaró esa deuda como “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”.

Olmos Gaona continuó su trabajo y en el 2006 impulsó una nueva denuncia para ampliar la investigación hasta el canje de Néstor Kirchner del 2005.

En el 2008 se convirtió en el principal asesor del gobierno de Ecuador en la auditoría que mandó a hacer el presidente Rafael Correa sobre la deuda externa de ese país para determinar si correspondía o no pagar la.

Actualmente trabaja como asesor del senador de UNEN Fernando “Pino” Solanas, quienrecientemente denunció al ministro de Economía Axel Kicillof por el acuerdo con el Club de París. Al respecto, Olmos Gaona advierte que no existe documento alguno que respalde la cifra final de U$S9700 millones que el titular del Palacio de Hacienda se comprometió a pagarle a ese grupo de países de acá a cinco años.

El entrevistado fija la cita en un antiguo y deslumbrante edificio ubicado en la Avenida Rivadavia, frente al Congreso, en donde no sólo Proyecto Sur sino también otros bloques como el de la Coalición Cívica tienen oficinas para sus reuniones.

Acepta las disculpas que le ofrece el cronista por llegar tarde, y empieza una interesante charla en donde se mezclan negocios fraudulentos, corrupciones y complicidades del sistema político y financiero con empresarios, del que ninguno sale ileso.

¿En qué consiste la denuncia que presentó Pino contra Kicillof por el acuerdo con el Club de París?

La denuncia surge porque el acuerdo con el Club de París permanece secreto, aunque Capitanich dijo que toda la negociación fue muy transparente. Pero si todo fuera tan transparente, se hubiera mostrado el convenio. Y no se mostró. Sólo hubo un comunicado de prensa del gobierno argentino y uno muy escueto del Club de París que está subido a su página web.

A mí lo que siempre me llama la atención- por ser historiador y descubrir documentos complicados-, me hace ver que si algo no se muestra por algo es. Porque si todo es legal, si todo es transparente, si tenemos toda la documentación en regla, debería mostrarse.

Por otro lado, Kicillof dice en el comunicado del ministerio que todo fue celebrado regularmente. Pero los documentos que nosotros tenemos demuestran que no es así. En el año 2011 se pidió al ministerio de Economía que informara de cuánto era la deuda con el Club de París, cuántos eran los intereses atrasados, quiénes eran los acreedores, de dónde provenían las deudas.

No hubo ninguna respuesta. Se volvió a insistir y desde el ministerio dijeron que ellos no tenían nada y había que preguntarle al Banco Central. A fines de 2011, principios del 2012 se le pide al Central, que dice que tampoco tienen nada. Que lo tiene el ministerio de Economía. Es decir, Economía decía que los datos los tenía el Central, y el Central que los tenía Economía.

En febrero del 2012 el Banco Central nos manda una nota -que les había mandado Economía a ellos- diciendo que lo único que tenía cuando se hizo la transferencia del sector externo, desde el BCRA al ministerio, era un listado en papel continuo. Y mandaban la lista de todas las empresas acreedoras, sin montos, ni contratos, ni nada.

Cuando uno ve eso, hay derecho a preguntar por qué no tienen nada. Y si no tienen nada, ¿sobre qué base negociaron?

“El acuerdo con el Club de París permanece secreto. Esto va en contra de un decreto de Kirchner del 2003 que establece la obligatoriedad de la información pública.” 

¿Qué decía la nota?

La nota que nos remitieron decía lo siguiente: “Sólo se pudo encontrar registraciones simples impresas en papel continuo con las deudas que permitió confeccionar la lista que se adjunta”. Eso está firmado por el director de deuda pública del Ministerio de Economía.

A mí esto no me extraña, porque en la década del 80 y del 90, el juzgado federal número 2 que interviene en la causa de la deuda externa le pidió al Ministerio y al Banco Central que informaran cuánto era el stock de la deuda y dónde estaban los contratos. Informaron que no tenían nada, sólo datos estadísticos sin valor contable. ¿Cómo es posible que un ministerio y un banco no tengan nada?

En el año 1994 hay un documento del ministerio por el cual Cavallo produce un informe, diciendo que la Argentina pagaba sus deudas a los acreedores ante simple notificaciones y avisos de vencimiento. En ningún caso le pedían que acreditara la legitimidad de los créditos que reclamaran. Entonces para ordenar el sistema resuelve contratar a los acreedores para que ellos le digan realmente cuál era la deuda que tenían.

¡Esto no resiste el menor análisis! ¿Como uno va a pagar deudas sin saber qué está pagando, ante la simple notificación de los acreedores?

Por otro lado, de acuerdo a las informaciones que tenemos del Club de París, la base da una deuda al 30 de septiembre de 2013 de no más de 6000 millones de dólares. ¡Y ahora resulta que son U$S9700!

Por eso nos preguntamos, ¿es legítimo que queramos saber cuáles son los intereses, cómo se calcularon?

Además, esto va en contra de un decreto de Kirchner del 2003 que establece la obligatoriedad de la información pública. Y de una cuestión elemental de un país supuestamente democrático donde los actos que comprometen a toda la comunidad-porque salen de los impuestos que pagamos todos los argentinos, no de las arcas de los funcionarios- de saber qué fue lo que se negoció y cuáles son las pruebas, y así tener el derecho a cuestionar.

En el 2011 Boudou dijo que iba a pagarle al club de parís por U$S8.000 millones…

Boudou aclara que 100 millones de dólares que se querían incluir pero que ellos habían logrado apartarlos porque era deuda de la dictadura. ¡Como si fuera la única deuda de la dictadura que quedaba!

Cuando se produce el default de Rodrigez Saa, la deuda neta de la dictadura era de 1894 millones de dólares. Tiene que haber una auditoría completa que analice desde 1976 a hoy, qué se hizo, qué prestamos vinieron, qué se pagó y qué no. Como hizo Rafael Correa en Ecuador, que dijo “bueno voy a pagar la deuda pero primero quiero saber qué pago”.

¿Cómo se llego al monto actual de deuda con el Club de París luego de las sucesivas “rondas”?

Hubo cinco rondas. Cuando llega Alfonsín se hacen las primeras negociaciones. Después se hacen otras hasta que queda consolidada en una determinada cifra. Y a partir de ahí se empieza a pagar, pero después se deja de pagar.

La ronda final donde se hace la última en el 92’, durante la gestión de Menem. A partir de ahí la deuda se va a pagar inescrupulosamente año a año hasta el default del 2001, cuando era de poco más de U$S1800 millones, y se le sumaban U$S2000 millones de préstamos bilaterales de la presidencia de Menem. En total, eran 4458 millones de dólares.

Lo que me llama la atención, que es en lo que estoy trabajando para tratar de desentrañarlo, más allá de lo que haga la Justicia, es que al 30 de septiembre las planillas de la Secretaría de Finanzas dan atrasos por U$S4889 de capital y U$S1022 de intereses. Es decir, el total a esta fecha eran U$S5912 millones. Hemos convenido U$S9700. ¿Qué paso? ¿Cuál fue el cálculo? Queremos saber dónde están los contratos. Qué se firmó qué no. Ellos dicen que tienen todo. Que lo muestren.

¿Puede haber crecido porque incluyeron deuda privada?

Eso es lo que sospechamos. Pero el problema es no saber. Yo puedo manejarme con las cifras oficiales para que no las cuestionen. Acá hay una cifra, ¿pero a qué obedece?

¿Podían ser punitorios?

¡No puede haber U$S3000 millones más de punitorios!

¿Por qué? ¿Es mucho?

¡Es una locura, no es mucho!

Otro ejemplo. Acá están los pagos que se hicieron. Es como que no se ponen de acuerdo. En esta información que es del 23 de abril del 2012, nos dice “la deuda con el club de parís hasta el default del 2001 era U$S5342 millones”. Y ahora dicen que al 2013, eran U$S5912.

Acá no se pide nada absurdo. Que se diga cuánto es el capital, cuántos son los intereses devengados y los punitorios fijados.

Además este gobierno no la va a pagar. Paga U$S650 millones en julio, el año que viene U$S500 y después tendrás que arreglarse el que venga. Indudablemente el otro gobierno se va a tener que hacer cargo de este muerto.

Con lo de Papel Prensa, Cristina mostró documentos, fotos. ¿Por qué no se hace lo mismo con esto, que es mucho más relevante? Parece que algunas hay que mostrarlas y otras no. La deuda es una de ellas.

“Con lo de Papel Prensa, Cristina mostró documentos, fotos. ¿Por qué no se hace lo mismo con la deuda del Club de Paris, que es mucho más relevante?”

¿Qué tasa de interés da el arreglo?

No lo sé. Porque además no se sabe sobre qué base son esos intereses calculados. Se supone que los préstamos a un país se hacen con la menor tasa de interés, no es un banco extranjero que te cobra lo que quiere.

Qué digan qué interés se calculó, por qué se reconocen determinadas deudas, y por qué el gobierno pacta deuda de la dictadura sin saber previamente si es deuda real.

Si el gobierno considera que los actos de la dictadura violaron el orden legal del país, ¿por qué lo acota a un solo tema? Cristina dijo que éramos pagadores seriales. Que pagamos del 2003 al 2013 173 mil millones de dólares. Si uno toma como buena esa cifra y haces el cálculo de lo que pagamos del 83’ a hoy, hemos pagado 400 mil millones de dólares sobre una deuda de U$S45.000. Y seguimos debiendo 220 mil millones de dólares.

¿Qué acción se puede tomar?

Pino preparó una demanda penal contra Kicillof. Primero porque se soslaya el papel del Congreso. La ley establece la obligatoriedad de que la deuda pública la arregle el Congreso. Ellos argumentan que la presidenta emitió un decreto en el 2008 -firmado por Massa- donde dice que hay que cancelar la deuda con el Club de París, pero no dice las condiciones, entonces deja todo librado al criterio del ministro, lo que es absolutamente inaceptable. No se puede utilizar en el 2014 un decreto del 2008, cuando la situación era distinta. 

Pero además hay otro detalle. Casi el 60% de la deuda es de la dictadura militar y el resto fueron celebrados durante el gobierno de Menem. Y no sabemos cómo fueron esos préstamos, o a qué obedecieron. Sólo está el listado de las empresas. ¿Pero qué paso con la plata? Nada de eso existe.

Con este tema de la deuda parece que Solanas y yo debemos ser locos, ¡porque todo el mundo dice que está perfecto! La UCR, Lousteu, la Coalición Cívica. Todos dicen que es el mejor arreglo y ahora van a llover las inversiones. En este tema de la deuda pareciera que nadie sabe nada de la realidad. Todos hablan a través de las cifras, de que estamos desendeudándonos, cosa que es mentira.

Entonces, ¿el acuerdo con el Club de París es legal o no?

El tema es que uno no puede hablar de un acuerdo que no se conoce. Desde el punto de vista legal, el único encargado de arreglar la deuda y negociarla es el Congreso. Acá hay una especie de interpretación de que el Congreso le ha delegado al poder Ejecutivo la facultad de negociar la deuda. El problema es que todos los tratadistas establecen que esa delegación de facultad es inválida. Pero por supuesto, como el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, puede hacer lo que quiere.

Por otro lado, a mí me llama la atención de un gobierno que ha hecho una buena política de Derechos Humanos, tratando de juzgar a todos los responsables de desapariciones, crímenes, torturas, no haga lo mismo con las cuestiones económicas de la dictadura, que sí son respetadas. ¿Por qué se respeta una cosa y se enjuicia la otra? Los banqueros, los que tienen grandes empresas y nos transfirieron sus deudas privadas, esa gente parece que es intocable.

Es como si el gobierno hace un enfoque selectivo de qué repudia y qué no repudia de la dictadura.

Por eso hay que analizar especialmente la deuda. Los vencimientos del año que viene son más de U$S11.000 millones. Este año serán U$S9000 millones, el año pasado otro tanto. No es chiquitaje. Y no es dinero que sale de algún lugar misterioso. Sale de las arcas del Banco Central, es trabajo argentino. Como a veces faltan cosas elementales, el gobierno dice que no puede prestarles plata a los jubilados pero la deuda se paga religiosamente. De hecho, en el último presupuesto están destinados U$S8900 millones para el Fondo de Desendeudamiento.

Una historia negra

¿Cuándo se empezó a investigar la deuda?

La primera investigación la hizo Grinspun, el primer ministro de Economía de Alfonsín en diciembre del 83’. Esa investigación supuestamente fue destruida en el 92 cuando el Banco Central le transfirió sus archivos al ministerio de Economía. Digo presuntamente porque no me consta, pero sé que esa investigación desapareció. Había sido archivada, suspendida cuando se va Grinspun, asume Sourrouille y llega Machinea al Banco Central. Ahí se terminó esa investigación.

¿Qué había arrojado en ese año y meses? Había demostrado cómo las empresas nacionales y extranjeras habían creado rentas ficticias para defraudar al Estado. Pero de eso tampoco se habla. Los grandes empresarios que viven hablando de la seguridad jurídica, tendrían que responder de esto que hicieron. Me refiero al grupo Macri, Souchard, Pérez Companc, Bridas.

“La primer investigación de la deuda externa la hizo Grinspun, el primer ministro de Economía de Alfonsín en diciembre del 83. Esa investigación desapareció cuando en el 92 cuando el Banco Central le transfirió sus archivos al Ministerio de Economía.” 

¿Cuánto daba esa cifra?

La mitad de la deuda pública. 23 mil millones de dólares. La deuda que dejó la Dictadura en el 83 era de U$S45 mil millones. La deuda privada estatizada era la mitad o un poquito más.

¿Toda esa es plata que no entró?

Fue plata que no entró, porque fueron deudas ficticias que se crearon y, por otro lado, el Estado puede eventualmente asumir una deuda privada para evitar que una empresa se vaya a la quiebra, que trabajadores queden en la calle. Pero esto era una cosa muy distinta.

Yo pude rescatar algunas partes de la pericia porque me contacté con cuatro de los dieciocho auditores que habían sido nombrados y fueron a declarar a tribunales, presentaron testimonios.

Sin embargo parece que acá no pasó nada. Se habla de la corrupción pero pareciera que eso no es corrupción.

¿Cómo terminó la causa que inicia su padre Alejandro Olmos?

Primero hay que aclarar que la causa tardó dieciocho años. El juez Ballesteros se expidió diciendo que gran parte de esa deuda no correspondía a la realidad. Él se fundó en las pericias que se hicieron a fines del 80’, principios de los 90’. Tuvieron la causa dormida hasta que el juez se apuró para hacer un pantallazo final. Los peritos determinaron que la deuda no tenía justificación económica, administrativa ni financiera. Y en algunos casos no se conocía el destino de los fondos.

El juez dicta su fallo de una investigación acotada que va del año 76’ al 83’. A partir de ahí se reactiva una nueva causa, que había iniciado mi padre, para investigar la deuda del 83’ en adelante. Yo en el 2006 meto una nueva denuncia para que se investigara hasta el último canje de Kirchner.

Hemos presentado miles de pruebas pero el juez las acumula, las acumula, pero no cita a nadie, no interroga a nadie. Inclusive un hecho extremadamente grave que es que en los contratos de obra pública hay opiniones legales de abogados de la Argentina en el exterior, y opiniones de procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado argentino y tiene la obligación de decir “este contrato responde a las leyes del país”.

Todos esos dictámenes fueron redactados por bancos extranjeros, inclusive el dictamen del procurador. Esos dictámenes fueron redactados por banqueros, los llevaron al Ministerio de Economía, los tradujeron allí y lo mandaron al procurador del Tesoro, que lo firmó tal cual querían. No analizó el contrato.

“En la primer causa por la deuda externa los peritos determinaron que la deuda no tenía justificación económica, administrativa ni financiera.”

¿Esa causa sigue activa?

La causa está activa acumulando papeles pero no hay interrogatorios ni pericias. Una de las personas que más trató de impulsar el proceso fue el fiscal federal Federico Delgado, que pidió varias medidas de prueba, y ahí quedaron. Eduardo Freiler, que actualmente es camarista, era fiscal federal. Con Delgado le pidieron al juez de ese momento que le pidiera a la Sindicatura General de la Nación unos peritos para empezar a analizar la documentación. Les costó mucho que el juez se comunicara con la Sigen. ¿Y qué les contestó la Sigen? Que no tenían pensado dedicarse a eso.

Si no tenés la colaboración del Ministerio de Economía, ni del Banco Central, si la Sindicatura no quiere intervenir, si el juez no se mueve,¿qué resultado puede tener ese juicio? Indudablemente, ninguno.

Hace varios años un grupo de diputados presentó un escrito al juzgado federal que yo redacté, diciendo que de acuerdo a lo que establece el artículo 1047 del código civil los actos ilegales y sus consecuencias son nulos de nulidad absoluta. Entonces si el juez Jorge Ballesteros se olvidó de decretar la nulidad de eso que él consideraba ilegal, venimos a pedir que esa deuda se declare nula. El juez le dio traslado al ministerio público fiscal. Delgado dijo que la petición era correcta pero faltaban terminar algunos tramos de la investigación. Eso seguirá indefinidamente así.

Deudas viejas y nuevas

¿Qué parte es deuda de la dictadura y cuál es de la democracia?

Hablan de dos deudas, la deuda vieja, que es la de la dictadura, y la nueva, que es la del proceso democrático, fundamentalmente de los 90’, porque durante la presidencia de Alfonsín la deuda creció fundamentalmente por falta de pagos de intereses. La deuda externa empieza a crecer desmesuradamente a partir del plan Brady del 92.

Eso es una ficción, porque toda la deuda de la democracia es la deuda vieja de la dictadura permanentemente reciclada. No es una deuda distinta, excepto algunos préstamos específicos de organismos multilaterales. En general, el stock de la deuda viene de la dictadura.

En definitiva, hubo muy poca deuda nueva. Cuando uno ve que todo ese proceso ha seguido invariablemente y nadie quiso cortarlo, yo me acuerdo que en el 92 Cavallo dijo “la deuda en el año 2000 será un lejano recuerdo para los argentinos”. En ese entonces la deuda era de U$S62 mil millones, cuando se fue Menem era de casi U$S150 mil millones, y se habían vendido casi todas las empresas públicas.

Ahí hay otro detalle. Cuando se implementa el Brady, tanto el FMI, como el BM y el BID le mandan unas cartas confidenciales a la comunidad financiera para que apoyaran al gobierno, porque el gobierno se había comprometido a privatizar el sistema jubilatorio, a modificar la legislación laboral y a vender todas las empresas públicas, especialmente la petrolera estatal.

Con todo eso de fondo, están los que hablan de honrar la deuda. Yo siempre digo, las deudas hay que pagarlas, las estafas no. Y evidentemente esto es una descomunal estafa que nadie quiere destapar.

Yo le mande en el 2010 una larga carta a la presidenta haciéndole una recopilación de todo lo que había en la Justicia sobre el tema. Dije “ya que ella tiene gran protagonismo, se encarga personalmente de determinados asuntos, le voy a comentar todo lo que hay en el sistema federal para impugnar la deuda y negociar con los fondos buitre”.

Yo siempre digo, las deudas hay que pagarlas, las estafas no. Y evidentemente esto es una descomunal estafa que nadie quiere destapar.”

¿Y le respondió?

Siempre digo lo mismo: hubiera preferido que no me contestara nada, o recibir dos líneas que dijera “acuso recibo”. Pero no. Me mandó una carta de casi dos carillas el Secretario General de la Presidencia el doctor Oscar Parrilli, diciendo el notable trabajo que había hecho mi padre por la deuda con su investigación, pero todo había ido al Congreso y el Congreso no había hecho nada.

Con una conclusión final. Que gracias al esfuerzo de ellos, la deuda que era del 160% del PBI en el 2001 ahora representaba el 41%. Lo cierto es que el PBI del año 2001 eran 90 mil millones de dólares y en 2012 era de 370 mil millones de dólares. Es decir que la deuda no bajó, sino que el PBI subió.

Todo se disfraza. Cuando dicen “subió la deuda en relación al PBI, o a las exportaciones”, son las mismas explicaciones que dio Alfredo Martínez de Hoz cuando fue indagado por el juez federal.

 Fuente: http://laalameda.wordpress.com/2014/06/23/la-deuda-externa-es-una-estafa-descomunal-que-este-gobierno-oculta/

Grobocopatel: el rey de la dékada


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Escrito por  Germán Mangione

Su presidente y cara visible se autodefine como un “sin tierra”, habla de una revolución agraria encabezada por los pooles de siembra y “el conocimiento”, y defiende la sojización asegurando que trae más beneficios que prejuicios. Una mirada sobre el Grupo Los Grobo, uno de los grupos empresarios que más creció en el campo durante el kirchnerismo y que comparte su visión del granero de China.

Los Grobo inició sus actividades a mediados de los ‘80, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, principalmente en la producción de granos. En ese momento la estructura operativa consistía de 3.500 hectáreas de campo, una pequeña oficina, un camión y cuatro empleados.

A partir de los años ‘90, la empresa modificó su estrategia y comenzó a establecer redes con productores y proveedores permitiéndole crecer en escala. A fines de esa década, de la mano de Gustavo Grobocopatel, la empresa se plegó a “la revolución técnica” operada en el agro, con la hipertecnificación de la producción. Como forma de esquivar las crisis que por finales de los ‘90 golpeaba a la Argentina, el grupo diversificó sus inversiones ingresando a varios países de la región. Comenzó a participar en Uruguay en sociedad con ADP, en Paraguay como Tierra Roja, en el negocio de harinas de trigo adquiriendo Molinos Cánepa, y en Brasil, en sociedad con PCP, adquiriendo y conformando diversas empresas, como por ejemplo CEAGRO.

El Grupo Los Grobo se autodefine en la actualidad como una empresa de producción y procesamiento de granos pero, fundamentalmente, es un grupo de prestación de servicios. Se orienta hacia la oferta de servicios de producción, acondicionamiento de mercaderías, logística, comercialización de granos y agroinsumos, servicios y asesoramiento financiero, información, manejo del riesgo, asesoramiento técnico y asesoramiento en gestión.

En el ‘94 Los Grobo sembraron 70 mil hectáreas y tenían 5.000 propias. Hoy su director se autodefine (casi cínicamente) como “un sin tierra”. Al igual que varios de los actores que en la actualidad dominan los agronegocios en nuestro país y nuestra región, el grupo empresario de Carlos Casares, vio la posibilidad de generar ganancias en el agro sin invertir ni correr los riesgos que implica la propiedad de la tierra.

En entrevista con el portal plazademayo.com, Gustavo aseguraba: “Se puede hacer producción sin capital porque te lo prestan. Se puede hacer producción sin trabajo porque lo tercerizás. Sin tierra, sin capital, sin trabajo. Podés hacer producción sin nada. Sin nada, no: lo único que necesitás es el conocimiento. Si vos tenés conocimiento, podés hacer un business plan y te prestan la plata. Si vos tenés conocimiento, podés convencer a este dueño de la tierra de que te la alquile. Si vos tenés conocimiento, podés desarrollar tus proveedores, que te hacen el trabajo por vos”.

Los Grobo explota hoy unas 280 mil hectáreas, asegura que no posee tierras propias, pero sí individualmente sus socios. No como grupo empresario. Centralmente explota campos ajenos en arriendo, aporta productos y servicios: semillas y fertilizantes.

La facturación anual de Los Grobo es de 900 millones de dólares en total. Entre el 40 y el 45% es en la Argentina, un 40% en Brasil y cerca de un 15% en Uruguay. Paraguay en menor medida. Actualmente estudian su ingreso a Colombia.

Una “déKada” ganada

En las últimas semanas, algunas declaraciones y movimientos financieros del Grupo despertaron en la prensa especializada las más variadas hipótesis sobre el futuro de las inversiones de Los Grobo en la Argentina. Luego de las declaraciones de su gerente el último 23 de mayo en el Primer Encuentro de Agronegocios Argentino-Brasileño, organizado por la Embajada de Brasil, la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña y el Grupo Brasil, en las que Grobocopatel criticara la política agraria local al asegurar que “en la Argentina estamos secos por pagar 80% de impuestos”, se encendieron varias luces de alarma.

Sin embargo, y a pesar de las especulaciones, desde el Grupo y desde el gobierno argentino aseguran que no habrá desinversión en el país. Y en estos días se anunció también la compra de la firma Agrofina con un plan por 400 millones de pesos para desarrollar agroquímicos en el país. Y es que más allá de los chisporroteos mediáticos, las declaraciones altisonantes o la antigua retórica anti soja del gobierno nacional (hoy prolijamente silenciada) y las posiciones encontradas durante la crisis agraria del 2008, varios son los puntos de convergencia entre la política y los objetivos de ambos.

El crecimiento del grupo en la última década es una clara muestra de que en Argentina se puede hablar mal de la soja pero generarle espacio para fabulosas ganancias a quien la siembra, y también se puede ser un empresario que critica al gobierno que le permitió generar esas fabulosas ganancias.

La empresa de Los Grobo se configuró como el estandarte de la “nueva ruralidad”, una ruralidad vinculada a los avances científicos y a la hipertecnificación de la producción que fue creciendo en facturación e influencia a partir de la segunda mitad de la década del ‘90, pero que dio un salto en la última década con la expansión del boom sojero. Las mas de 60 mil hectáreas cultivadas en el país en la última campaña, una capacidad de acopio de mas de 1.600.000 toneladas y una facturación que rondó los 600 millones de dólares sólo en Argentina, hacen pensar que la sociedad gobierno-agronegocios tiene cuerda para rato.

La facturación del grupo pasó de 96,7 millones de dólares en 2003 a 1305,3 en 2012. Si bien esa es la facturación total de todas sus inversiones desperdigadas por el Mercosur, Argentina sigue representando como en el comienzodel negocio el mayor porcentaje de ganancias.

También durante estos años el grupo ha sabido aprovechar los “incentivos” gubernamentales. El caso más significativo es el creado por el gobierno destinado a otorgar compensaciones a operadores que vendan productos derivados de trigo, maíz, girasol y soja en el mercado interno, de forma de abastecer la demanda y el consumo del mismo. A través de la División Molinos, se comercializa harina tipo 000 para consumo masivo conforme la política de precios impulsada por la Secretaria de Comercio Interior y accediendo al derecho de compensaciones por el trigo molido para producción de harina.

El conocimiento como commodity

“La verdad es que con el Ministerio de Ciencia y Tecnología he tenido una excelente relación, con muy buenos resultados”, aseguró en entrevistas a la prensa Gustavo Grobocopatel. Y es que este es otro de los puntos de unión de intereses entre el gobierno y Los Grobo. En cada reportaje brindado por el ingeniero agrónomo devenido en empresario se encarga de remarcar que a diferencia de lo que ocurría con la producción años atrás, hoy el principal agregado de valor es el conocimiento.

En ese marco, llegó a afirmar que los pooles de siembra y los productores sojeros están protagonizando una “revolución agraria” sólo comparable con la Revolución Industrial inglesa. Esta sociedad estado-agroempresarios tiene su expresión concreta en instituciones como el INDEAR, centro de investigación tecnológica ubicado en Rosario que une a científicos del CONICET y a la Universidad Nacional del Litoral con empresarios del agro en la búsqueda de mejoras biotecnológicas que permitan aumentar los rindes y, por supuesto, las ganancias.

En esta visión, el Estado aporta el conocimiento y la preparación de los científicos y los empresarios el capital para la investigación. Y los resultados también se reparten, como en el descubrimiento del HB4, la construcción genética que permitió crear semillas resistentes a la sequía. Allí se generaron regalías para el CONICET y la UNL y la concesión del uso y la explotación del descubrimiento por 20 años a Bioceres, la empresa de investigación liderada por Grobocopatel.

Sin embrago, muchos científicos cuestionan ese modelo de asociación. Y es que tras estas sociedades lo que se oculta es el debate de dos ideas contrapuestas. Por un lado, el relato exitista y de progreso que pregonó la presidenta en la apertura de la asamblea legislativa del año pasado centrada en la idea de la exportación de conocimiento, una especie de commodity intelectual que, como en el caso de los naturales, parece orientarse en torno a las necesidades de las grandes potencias compradoras, dejando para nuestro país a lo sumo regalías o ingresos por su exportación.

“Son científicos argentinos que lo han patentado -patente argentina (aplausos)- asociados con una empresa argentina que acaba de firmar un joint venture con una empresa de origen estadounidense para la explotación a nivel mundial de este descubrimiento que puede reportarle al CONICET en términos anuales, considerando únicamente el mercado interno, algo así como 95 millones de dólares de regalías a partir de su explotación que se desarrollará en los años 2014 y 2015”, anunciaba Cristina. Una visión que comparten los socios privados del INDEAR, como afirmaba la cabeza visible del grupo económico Los Grobo: “Argentina exportará conocimientos y participará de una mega construcción colectiva donde la ciencia y los agronegocios ofrecen nuevas soluciones a los problemas de la humanidad”.

Por otro lado, se encuentra la visión que manifiesta otras preocupaciones ante este panorama. Consultado por SURsuelo, el doctor Damián Verzeñassi, subsecretario Académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, comentó en esa dirección:

“Veo con preocupación que la articulación público-privada no se está dando con el objetivo de beneficiar a la comunidad, sino con el objetivo de beneficiar a determinados grupos económicos. Independientemente de que hay excepciones, hay que dejarlo en claro porque este tipo de avances como el que se está dando ahora tiene que ver con una necesidad del sector productivo de poder mejorar rindes en situaciones ambientales adversas y no está pensado para reconocer o devolver la producción agrícola a la cultura del agro que implica nuevamente los campesinos en los campos, los trabajadores rurales trabajando dignamente en sus lugares y, principalmente, recuperar la soberanía alimentaria a partir de una cultura que sea propia”.

Todos los caminos conducen a Beijing

Finalmente, hay una visión que termina uniendo al “rey de la soja” con la región y principalmente con la Argentina, o mejor dicho con el modelo de país que hoy lleva adelante la Argentina. En cada declaración o análisis, de los muchos que gusta hacer en conferencias o notas periodísticas Gustavo Grobocopatel, siempre se encarga de remarcar el rol que él cree que debe tener América Latina en el concierto mundial de naciones y que podría resumirse en su frase: “Este modelo sólo corre peligro si se mueren 500 millones de chinos”. Y es que la alianza, que él denomina natural, con el gigante asiático es el punto más álgido donde sus intereses convergen con los del modelo económico de Argentina, pero también del resto de los países del Mercosur. La idea del granero del mundo parece haberse achicado hasta la de ser el granero de China. Y, paralelamente, el receptor de sus manufacturas. Casi una reedición de la relación con la Gran Bretaña compradora de carnes y vendedora de manufacturas de principios del siglo pasado. Si bien, al igual que la presidenta, una y otra vez el líder de Los Grobos repite la necesidad de generar cadenas de valor que despeguen a nuestros países del fenómeno de la primarización de las economías en donde sólo se exportan commodities, los números parecen correr en otro sentido.

El comercio total entre China y América Latina aumentó de 2011 a 2012 un 8%, llegando a 255,496 millones de dólares. Las exportaciones chinas, principalmente manufacturas, a América Latina crecieron 11% a 131,042 millones de dólares, mientras las exportaciones latinoamericanas, granos o sus derivados, hacia China aumentaron 5% a 124,454 millones de dólares. Cuando la presidenta Cristina Fernández anunció el lanzamiento del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 que pretende entre otros objetivos llevar la cosecha de granos de 157 millones de toneladas frente a los 100 millones actuales, seguramente Gustavo se frotó las manos, pensando en los negocios por venir. Consultado sobre el tema declaró: “Estamos todos con una expectativa positiva, porque por primera vez un presidente habla sobre esta visión. Ninguno lo había hecho antes. Menem nunca mencionó la palabra ‘soja’. Entonces, a lo mejor es una nueva etapa que lo que hace es facilitar que este proceso ocurra”.

Y, en ese sentido, parece marchar la política argentina. Recientemente en su visita a Beijing, el titular de la cámara de diputados Julián Domínguez explicaba que “desde el 2003, con Néstor Kirchner y luego con la presidente Cristina de Kirchner, Argentina ha preparado toda la infraestructura para darle al intercambio bilateral la profundidad y la dinámica que amerita un socio tan importante como China”. Y aseguraba que “Argentina aspira a producir 160 millones de toneladas de cereales y oleaginosas en 2020, y a profundizar el estándar de protocolo que nos permita una rápida autorización de los mismos para entender los eventos genéticos y biotecnológicos en ambas naciones”.

“Hay un gobierno que está alineado y la oposición en general también está alineada”, llegó a declarar Grobocopatel, consultado sobre el anuncio del Plan Agroalimentario y su intensión de intensificar la producción granaria, principalmente sojera en la Argentina de los próximos años. Y no parecía estar muy errado. No sólo el kirchnerismo peregrina a Beijing, como quien peregrina a la nueva meca de la economía global en busca de nuevos negocios y del estrechamiento de la relación comercial.

El primer ministro chino Li Keqiang recibió al presidente de la Cámara de Diputados y a una delegación de legisladores del Frente para la Victoria (FPV), la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO), Frente Amplio Progresista (FAP) y el Frente Peronista, a la que aseguró que la Argentina tiene “un enorme potencial en materia agropecuaria y alimentaria”.

Es entendible que el Plan Estratégico Agroalimentario le resulte al empresario Grobocopatel un anuncio “positivo”. El líder de los Grobo parece entender que la política agraria va mas allá de “las discusiones para la tribuna”, y que en esta idea de la soja como producto estrella vinculada al mercado chino pocas diferencias hay entre los que dirigen la política desde el oficialismo o desde la oposición. Grobocopatel parece tener asegurada otra década ganada, esté sentado quien esté sentado en el sillón de Rivadavia los próximos 10 años.

Fuente: http://www.brujulacomunicacion.com/index.php/cooperativa/periodico-sursuelo/item/794-grobocopatel-el-rey-de-la-dekada

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