“El objectivo de la reforma es crear un nuevo delito de opinión: apoyar en la red la protesta en la calle”. Eso es lo que opina el abogado Carlos Sánchez Almeida del anteproyecto de reforma del Código Penal español, cuyas líneas generales presentó el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el viernes pasado al Consejo de Ministros. Acérrimo y reconocido defensor de la libertad en Internet y tuitero mordaz y compulsivo (@bufetalmeida, casi 13.000 seguidores), Sánchez Almeida interpreta el código Gallardón como “una declaración de guerra contra el ciberactivismo”. Así lo escribió ayer en un artículo en eldiario.es (“Código Penal Gallardón: la criminalización de la resistencia social“). Lo he leído hoy, me ha interesado mucho su análisis y hemos sostenido esta -acelerada- entrevista vía email, con toda la agilidad y todas las limitaciones que eso supone. Aquí está el anteproyecto en cuestión, del 16 de julio, que Carlos ha rescatado del departamento de Derecho Penal de la UB al no encontrarlo en la web del ministerio. Merece una especial atención el artículo 559, que castiga con penas de prisión y multas la “difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión” de delitos de alteración del orden público o “sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”.
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